GSS en BADAJOZ: Feudo de naipes

En Badajoz, se llevan produciendo numerosas irregularidades en los servicios de BBVA con compañeros sancionados por supuestamente "colgar llamadas". Con la marcha del supervisor Rodrigo a tierras limeñas, para conocer más de cerca los lucimientos de la precarización en el tercer mundo, las coordinadoras quedaron prácticamente al mando, poniendo en práctica la máxima de su mentor: la credibilidad es cuestión de rangos. A partir de entonces, las encerronas a los trabajadores se suceden día a día. Los feedback, que son las evaluaciones que nos hacen para mejorar la calidad de las llamadas, son manipulados sin disimulo, una vez firmados por los trabajadores a los que no se le entrega copia hasta pasados unos días. Estas evaluaciones, luego, se emplean como medios de prueba en las sanciones, avalando la mala actitud del agente al que quieren castigar.

Naturalmente, las fobias, manías personales y favoritismos quedan en evidencia ante una Directora del Centro, Pilar Hernández, que permite estos feudos con la condición de que al suyo no lo meneen. Hace unas semanas, una delegada de CGT, que ha denunciado hasta la saciedad estos hechos, fue sancionada con dos meses por colgar llamadas sin prueba alguna. Se le aplicó la misma receta que a otros compañeros suyos, pero de modo más brutal. La empresa pretende silenciar una voz incomoda. Inicialmente pensó en despedirla, pero gracias a la acción sindical rebajó sus intenciones a una sanción de empleo y sueldo. Desde estas líneas advertimos que esto no la va callar, y que cuando vuelva a ocupar su puesto de trabajo será como siempre, denunciado las múltiples irregulares que el Grupo GSS pretende que pasemos por alto.

Por otra parte, nuestra sección sindical ha emprendido las acciones legales oportunas para que se deje sin efecto esta absurda sanción. Saben, para desconsuelo de la señora Abogada-leña, que perderán otra vez en los tribunales, lo que tratan de robarnos en las plataformas.

Desde CGT advertimos a todos los compañeros que la afiliación sindical es el mejor remedio para evitar estas argucias de la empresa. Igual que nuestra delegada, todos los afiliados a un sindicato disponen de un mecanismo de defensa anterior a la sanción que puede evitar los más escandalosos abusos que GSS está acostumbrando a utilizar. Desgraciadamente en ocasiones la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de los representantes de los trabajadores para ejercer autoritariamente el aquí mando yo. La afiliación sindical, derecho de todos los trabajadores, es un mecanismo de protección básico que todos debemos tener en cuenta.

Otro desprecio a la salud con coste, 6.000 euros

La Inspección de Trabajo de Madrid ha sancionado a GSS Line con una multa de 6.000 euros por el incumplimiento del artículo 60 del convenio. Como sabéis, anualmente la empresa está obligada a realizar reconocimientos médicos a todos aquellos trabajadores que lo deseen. Nuestra empresa contrató para tal efecto a Unipresalud para que llevase a cabo estos importantes exámenes, pero como hoy la costumbre es aligerar gastos como sea, no se realizaron las pruebas de electrocardiograma ni de orina a todos aquellos compañeros que habían cumplido ya los cuarenta años, como indica el citado artículo del convenio. Los delegados de prevención alertaron la grave omisión a los técnicos de la empresa. ¿Qué imagináis que hicieron? Nada, cruzarse de manos y esperar a que le pusiéramos una denuncia. 
En fin, la torpeza con que actúan estos caballeretes sería cómica, si no fuera porque las consecuencias de sus cerrazones trascienden a la salud de todos nosotros.

La sopa boba de los López

Los sueldos miserables que recibimos por nuestro trabajo llevan inscritos la infamia de los beneficios que los accionistas del Grupo GSS reciben en sus despachos de codicia y usura. Pretenden que no haya más que trabajadores que dejen su salud y vida para sobrevivir bajo las condiciones que imponen, y que forjen las cadenas para ellos y sus propios hijos. Luego llegan los premios y medallas que le cuelgan al Presidente del Grupo GSS, Vicente López, en su percha blanca, entre una multitud de faisanes idiotas y cacatúas, y donde, como dijera Lorca, el hombre termina orinándose en una deslumbrante  paloma.
No, no existen vuestros desvelos y esfuerzos en sus libros de cuentas y resultados; les importa un bledo que cada mes tengáis más dificultades en mantener vuestras casas y familia. Las peticiones de los Comités de Empresa para que los salarios se incrementen, al menos, según el IPC, son recibidas con desprecios y sonsonetes, avaros hasta en argumentar razones.  Sus silencios de orgulloso urogallo manifiestan su  jugosa codicia y seca conciencia.
Sin embargo, la arrogancia extravía hasta el bajel más poderoso. 

Una paja costosa en el ojo amoroso

Como recordábamos en un anterior número de El Grito, Vicente López no se cansa de repetir que se siente como una madre celosa de sus empleados, y suponemos que ese es el motivo por el que instala cámaras de videovigilancia en los lugares más insospechados como la salas de descanso de los trabajadores. Ejemplo evidente lo tenemos en nuestro centro de trabajo de Alfonso Gómez 45 en Madrid. Desde hace un año, la Sección Sindical de CGT ha promovido ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) varias denuncias al respecto, y ahora este organismo ha iniciado un procedimiento sancionador que le va a costar muy caro a GSS.
Piensan que sus trabajadores somos animales o mercancía a la que pueden grabar con total impunidad, que han perdido sus derechos más básicos como es el de la imagen y su dignidad por pertenecer a la plantilla de este tingladillo de empresas.  

El director de la AEPD, José Luis Rodríguez, tiene otra opinión al respecto, desde luego. Le ha abierto a GSS un expediente por infracción grave por el que podría multar a la empresa entre 40.000 a 300.000 euros por “tratar los datos de carácter personal (...) con conculcación de los principios y garantías establecidos en la ley que regula la protección de datos a través de la toma de imágenes con equipos electrónicos y digitales”.  

Pero hay más; el ojo amoroso y maternal de Vicente López ha pretendido grabar también a los transeúntes que pasaban cerca de las instalaciones de la empresa. Una cámara de GSS recogía, por lo que sabemos, gran parte de la calle de Alfonso Gómez. La fiscalización de la vía pública podría costarle a la empresa otra multa de entre 40.000 a 300.000 euros.

Como no podía ser de otra forma, los organilleros sindicales de la empresa, CTI, han puesto el grito limonero en el cielo proclamando la insensatez de la denuncia, dado que el único fin que se perseguía con tanta cámara era la seguridad de los trabajadores debido a  la cantidad de robos que se producían en las instalaciones de GSS. Mentira.

El responsable de esta desagradable situación no es otro que el Director de Personal, Julio Alberto Pérez, que, cegado por un olvido, vidente y visionario, tiene entre sus máximas de oráculo la que reza: mis huellas adivinarán tus pasos. Conociendo que las distintas secciones sindicales realizaban actos como asambleas o convocatorias de consulta en el Office, nuestro personaje instaló una cámara que siempre le ha servido como medio de coacción y restricción a la libertad de los trabajadores para poder relacionarse con sus representantes legales.

Que le pidan cuentas a él, y no a nosotros, de la multa hermosa que va a tener que pagar los dueños de la empresa.

¡¡ SE PUEDE Y SE DEBE LUCHAR CONTRA LOS ERE´s !!

La lucha contra los EREs sirve.

CGT tenía razón.

El Ministerio de Trabajo ha dado la razón a CGT sobre el ERE de Sertel. La empresa no tenía ninguna causa económica, organizativa o productiva para realizar los despidos de sus trabajadores y trabajadoras aunque haya perdido el contrato de Adif. CGT lleva defendiendo durante mucho tiempo que, en el sector del Telemárketing, la pérdida de un cliente no justifica llevar a cabo un despido colectivo, demostrándose que no es necesario entrar a firmar acuerdos de EREs como llevan haciendo CCOO y UGT en el sector (CATSA, UNISONO, BOUNCOPY) sino que la prioridad debe ser defender el empleo y no aceptar ni un solo despido.

Por una vez ha cundido la sensatez y los representantes de los trabajadores no han entrado a la firma. CGT fue la única organización sindical que presentó un informe a la Inspección de Trabajo y a la Dirección General del Ministerio de Trabajo que negaba la existencia de las causas que esgrimía la empresa, como hace en todos los expedientes de regulación de empleo que interponen las empresas de Contact Center, que tienen la costumbre de asumir que los trabajadores indefinidos no son realmente indefinidos, sino que pueden ser despedidos en cuanto se pierda un cliente.

El ejemplo de Sertel debe servir para todo el sector: es inadmisible que se firmen despidos de los trabajadores, cuando hay una oposición firme contra los despidos se consiguen éxitos. La lucha sirve.